• Aguascalientes de México

Autoridades de Colombia aseguran que cárteles pagan cargamentos de cocaína con armas de alto poder.

Los cárteles mexicanos de la droga parecen estar enviando armas de alto poder a Colombia para pagar los cargamentos de cocaína, un comercio que, según las autoridades del país sudamericano, está alimentando la lucha mortal entre grupos rivales locales por el control del narcotráfico y de sus rutas.


Una docena de funcionarios policiales colombianos que participan en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales implicados en el tráfico de cocaína declararon que ametralladoras, fusiles de asalto y pistolas semiautomáticas están llegando al país sudamericano.


Entre las armas que aparecen en los arsenales confiscados a los traficantes se encuentra la pistola FN Five-seveN de fabricación belga, denominada “mata policías”, un arma calibre 5.7 con capacidad para penetrar chalecos antibalas.


La mayoría de las 1.478 armas de largo alcance confiscadas a los grupos armados ilegales colombianos en 2020 y 2021 fueron fabricadas en el extranjero e importadas clandestinamente por las mismas rutas de contrabando usadas para sacar los embarques de cocaína, aseguraron las fuentes militares y de la policía.


Los cárteles mexicanos de narcotraficantes tienen fácil acceso a armas compradas en Estados Unidos y relaciones comerciales de largo plazo con grupos armados colombianos, a los que les han comprado cocaína durante décadas, según las autoridades locales.


Pero ahora, los emisarios de los cárteles mexicanos pagan cada vez más los envíos de cocaína con armas, de acuerdo con la policía, en parte para evitar mover grandes cantidades de efectivo a través de las fronteras.


El poder de fuego de las armas suministradas por los cárteles mexicanos tiene implicaciones potencialmente negativas para la seguridad de Colombia.


Las armas en poder de los grupos armados ilegales ponen en riesgo a las fuerzas armadas y podrían complicar aún más la implementación de un acuerdo de paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


El año pasado 148 miembros de las fuerzas militares y la policía nacional fueron asesinados en Colombia, la cifra más alta en seis años y un 57.4% más que en 2020, según estadísticas del Ministerio de Defensa.


“Lo que están haciendo los grupos armados ilegales en Colombia es utilizar a los mexicanos para igualar y tratar de superar en armamento a las fuerzas armadas del Estado”, dijo un funcionario del Centro de Información Antiterrorista y Rastreo de Armas (CIARA) de la policía nacional.


“En el futuro, eso podría tener serias implicaciones, como un aumento de las hostilidades”, aseguró el funcionario, quien advirtió que los grupos armados pueden usar las armas no solo contra las fuerzas armadas, sino también en las violentas batallas entre ellos.


La agencia autorizó a la persona a hablar con Reuters con la condición de no ser identificada.


La policía colombiana dice que mantiene un diálogo permanente con sus homólogos estadounidenses y mexicanos para tratar de impedir que las armas lleguen a las manos de los narcotraficantes.


La administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) declinó hacer comentarios, mientras que el gobierno mexicano no respondió a las preguntas de Reuters.


La batalla por el control del narcotráfico en Colombia la disputan exmiembros de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, guerrilleros del aún activo Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos criminales, incluido el Clan del Golfo, considerado como el cartel más grande del país sudamericano.


Todos estos grupos ilegales están implicados en el conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado más de 260 mil muertos y millones de desplazados, según estadísticas oficiales.


Aunque los disidentes de las FARC y el ELN comparten algunos de los mismos ideales revolucionarios y ocasionalmente se aliaron contra el Estado durante el apogeo del conflicto interno, ahora luchan regularmente entre sí y con bandas criminales para dominar las lucrativas rutas del narcotráfico, aseguraron funcionarios de seguridad.


La ofensiva de las fuerzas militares y de la policía nacional contra estos grupos está dejando al descubierto las poderosas armas con las que cuentan.


A mediados de diciembre del año pasado, el ejército de Colombia lanzó una operación contra disidentes de las FARC en el departamento de Nariño, una importante región productora de hoja coca y de cocaína en el suroeste del país.


El ejército reportó la captura en medio de la espesa selva verde de 16 personas y el decomiso de armas que incluían 24 fusiles de asalto M16 y AR-15 de fabricación estadounidense.


Otro arsenal similar se confiscó en 2019 en un campamento de las disidencias de las FARC en el selvático departamento del Caquetá, en el sur del país.


Doce fusiles de asalto, incluidos M4 y M16, una ametralladora M60 y un fusil AR-15 con mira telescópica para uso de un francotirador se encontraron en el campamento después de un bombardeo, de acuerdo con el ejército.


Las autoridades militares y de policía creen que esas armas son suministradas por los cárteles mexicanos de Sinaloa, los Zetas y Jalisco Nueva Generación, todos con emisarios en territorio colombiano.


Sus representantes están presentes en 11 de los 32 departamentos de Colombia, según un informe de inteligencia policial de 2021 al que tuvo acceso Reuters.


El cártel de Sinaloa, alguna vez liderado por el encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, tiene el alcance geográfico más extenso y las relaciones más profundas con los grupos armados colombianos, según el informe.


Al menos 55 mexicanos fueron capturados en Colombia en los últimos tres años y permanecen actualmente en cárceles acusados o procesados por narcotráfico, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.


En una muestra de la presencia de emisarios mexicanos en Colombia, donde además de comprar cargamentos supervisan la calidad de la cocaína y las rutas de envío, la policía con el apoyo de la DEA capturó la semana pasada en Cali a Brian Donaciano Olguín, acusado de ser un enviado del Cartel de Sinaloa para negociar embarques con disidencias de las FARC.


El director de la policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, describió a Olguín, solicitado en extradición por Estados Unidos, como “el enlace más importante del cártel de Sinaloa para la compra de cargamentos de cocaína con las disidencias de las FARC” y “el resultado más importante en términos de capturas de enviados, delegados y compradores de droga de los cárteles de México“.


Reuters no pudo ponerse en contacto con Olguín ni determinar si cuenta con asesoría legal.


Los cárteles del narcotráfico, que libran su propia guerra en México, han acumulado armamento de alto poder militar, alarmando a los funcionarios de su propio país.


El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demandó el año pasado a los fabricantes de armas acusándolos de facilitar el tráfico, una acusación que los productores niegan.


López Obrador presentó una inédita demanda contra varios fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de “prácticas negligentes” que facilitan el tráfico de sus productos hacia México. Una de esas armas es el temible Barrett M82.


El fusil, fabricado por Barrett Firearms, usa balas calibre 50 que pueden penetrar fácilmente chalecos antibalas, concreto y hasta tanques de guerra y, según la demanda, es una de las armas predilectas que los criminales mexicanos usan para enfrentarse a las fuerzas de seguridad locales.


Los fabricantes de armas de Estados Unidos apoyan una aplicación más estricta de las leyes existentes, incluyendo el encarcelamiento de las personas que roban y contrabandean armas, dijo en un correo electrónico Mark Oliva, director de asuntos públicos de la National Shooting Sports Foundation, un grupo comercial de la industria de armas de fuego.


Las armas son una forma práctica de pago para los narcotraficantes.


Pagar a los proveedores de cocaína con armas, en lugar de dinero en efectivo, ayuda a los cárteles mexicanos a lavar las ganancias y a mover el dinero con mayor facilidad, dijo el general Fernando Murillo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.


“Cada día se ha vuelto más difícil estas negociaciones de narcotráfico a través del pago en efectivo. Entonces están utilizando diferentes modalidades, en este momento, un cártel mexicano puede pagar con armamento sofisticado”, afirmó Murillo.


Hasta la década de 1990, las guerrillas colombianas y los paramilitares de derecha usaban en gran medida fusiles AK-47 de fabricación rusa que quedaron de las guerras en América Central, según oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.


A medida que el narcotráfico se expandió y se volvió más lucrativo, los grupos armados se actualizaron a nuevos AK-47, M16 y AR-15 de fabricación estadounidense, así como a fusiles de asalto Tavor de fabricación israelí, dijeron funcionarios policiales.


Mientras que algunas armas cuestan tan solo 500 dólares en Colombia, las ametralladoras pueden alcanzar un precio de hasta 5 mil dólares, aseguraron las fuentes.


Los líderes de la Segunda Marquetalia, un grupo de disidentes de las FARC, aparecieron en 2019 en un video de YouTube armados con fusiles de asalto Tavor probablemente suministrados por carteles mexicanos, según la policía.


La DEA estima que los grupos criminales colombianos ganan unos 10 mil millones de dólares anualmente por narcotráfico.


El tráfico de armas hacia el sur se realiza en momentos en que departamentos colombianos como Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, así como Nariño y Cauca en la costa del Pacífico, reportan aumentos en la producción de hoja de coca y de la violencia asociada a los grupos armados, pese a los esfuerzos del presidente Iván Duque, apoyado por Estados Unidos, para reducir la producción de cocaína.


Sólo el Clan del Golfo movía en su apogeo unas 20 toneladas de cocaína al mes para sus clientes, incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco, según la policía colombiana, que dice que los aliados de ese grupo en la ciudad de Medellín han usado la pistola FN Five-seveN en disputas internas.


Es posible que algunas armas suministradas por los cárteles mexicanos ingresen a Colombia a través de Venezuela, aseguran funcionarios de la policía y el ejército.


Líderes disidentes como Iván Márquez, que dirige la Segunda Marquetalia, se reúnen en Venezuela con emisarios de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, dijo a Reuters el general Vargas, director de la policía nacional.


Bogotá acusa desde hace tiempo al Gobierno de Venezuela de ofrecer refugio a los grupos armados ilegales colombianos, incluidos las disidencias de las FARC y el ELN, imputaciones negadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.


El Gobierno de Caracas no respondió a una solicitud de comentarios.


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