• Aguascalientes de México

Barra de abogados pide a la SCJN invalidad la prisión preventiva oficiosa.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la prisión preventiva oficiosa para que desaparezca del ordenamiento y propuso apegarse a los tratados y criterios internacionales.


A través de un comunicado, los abogados informaron que enviaron un Amicus Curiae, documento para emitir su opinión jurídica como terceros a la controversia constitucional contra la prisión preventiva oficiosa, proyecto que se discutirá en la SCJN el próximo 5 de septiembre.


Los abogados explicaron que la prisión preventiva oficiosa es una figura establecida en la Constitución para privar de su libertad a las personas sujetas a un proceso penal, sin haber sido juzgados y sentenciados, que se aplica a los acusados de crímenes incluidos en el catálogo de delitos graves —como el homicidio doloso, el secuestro y la violación—, cuya lista se ha ampliado en los últimos años para incluir delitos fiscales, hechos de corrupción, entre otros.


Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido varias sentencias para dejar claro que la regla general debe ser la libertad de los acusados mientras se resuelve si son culpables de algún delito, ya que deben gozar de presunción de inocencia.


Asimismo, que las autoridades judiciales sólo pueden determinar prisión preventiva para los acusados, para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación ni eludirá la acción de la justicia.


“Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva”, señalaron los abogados.


Por lo anterior, la barra de abogados recomendó a la Corte desaparecer la prisión preventiva oficiosa, para que los jueces se abstengan de imponerla de forma automática y que la determinen sólo de forma justificada.


Destacaron que la prisión preventiva justificada se puede imponer si el ministerio público demuestra que el acusado se puede fugar, obstaculizar la investigación o pudiera atentar contra la víctima, testigos o la comunidad.


“La prisión preventiva oficiosa está vigente en contradicción con las normas internacionales de Derechos Humanos que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”, acusaron.


La posición de lo abogados contrasta con la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien pidió la Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, pues argumentó que es parte esencial de su estrategia de seguridad.


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