Gustavo Petro asegura que prisión de máxima seguridad de El Salvador es un "campo de concentración"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el miércoles que la prisión de máxima seguridad a la que el gobierno de El Salvador trasladó la pasada semana a 2 mil supuestos pandilleros es un “campo de concentración“.
“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos“, dijo Petro durante la inauguración de la ampliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, recorrieron todo el mundo en los últimos días, con muchas críticas por la falta de humanidad en el trato.
“Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente”, consideró.
En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en Twitter un mensaje dirigido a Petro, en el que deseó que Colombia logre bajar los índices de homicidios.
“Señor @petrogustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, publicó.
Bukele ha hecho de su política de lucha contra las pandillas una de sus banderas y aumentó su popularidad, a pesar de tomar medidas tan controvertidas como esta.
“El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque logró reducir la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”, señaló ayer Petro.
El jefe de Estado de Colombia agregó que durante su mandato, cuando era alcalde de Bogotá, lograron “reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre deje de ser pobre“.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, fueron detenidas más de 64 mil personas, a las que el gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que han sido liberadas a más de 3 mil 300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron más de 7 mil 900 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su “profunda preocupación” por esta nueva cárcel en El Salvador, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
