Pese a fallo de la SCJN que invalida recorte al INE "el daño ya esta hecho" asegura Lorenzo Córdova.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida el recorte en la Cámara de Diputados al organismo electoral, “el daño ya está hecho”.
“El recorte que se nos aplicó ya provocó afectaciones irreparables. Tuvimos que realizar la revocación de mandato con la tercera parte de las casillas, y eso, aunque se nos dé el dinero para la revocación de mandato, ya terminó, ya fue juzgada”, dijo el consejero en conferencia de prensa.
El pasado 1 de junio, la primera sala de la Suprema Corte declaró inválido el Presupuesto de Egresos 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE) que fue aprobado por la Cámara Baja.
La consejera Electoral, Dania Raviel, señaló que los magistrados resolvieron la controversia constitucional que presentó el INE en contra de la reducción presupuestal al órgano electoral aprobada por los legisladores.
Córdova dijo que este fallo no solamente es para que todos los que creen en el Estado de Derecho lo celebren, sino que además crea un precedente fundamental para futuros presupuestos destinados al instituto.
“Entiendo que haya algunos actores a los que la sentencia coloca, así lo determinó la sentencia, como violadores de la constitución, porque tomaron decisiones que van en contra del principio de la ilegalidad en el sentido de que ha dejado sin efectos”, expresó.
Señaló además que este fallo obliga a los legisladores en la Cámara Baja obliga a analizar los efectos que el recorte inconstitucional “porque no fue justificado”.
El pasado 7 de diciembre, el INE promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022), el cual contempla un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.
De acuerdo con el organismo autónomo, el recorte hecho por el Poder Legislativo “careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal”.
